Cuando la Inspección de Hacienda se presenta en una empresa con el propósito de acceder a sus dependencias, el administrador o representante legal de la empresa tiene el deber general de colaborar.

Sin embargo, es importante destacar que este acceso no es completamente ilimitado y está sujeto a ciertas restricciones.

En primer lugar, si el inspector de Hacienda se presenta únicamente con la autorización del delegado de Hacienda, se le puede negar el acceso a aquellas áreas de la empresa que se consideran “domicilio constitucionalmente protegido”. Según la ley, este concepto se refiere a las dependencias que corresponden al centro de dirección de la empresa o aquellas que están destinadas a la custodia de documentos o soportes que deben permanecer protegidos de terceros. Ejemplos de estos lugares son las oficinas que albergan la contabilidad, los libros de registro o los ordenadores que sirven para gestionar y dirigir las operaciones de la empresa.

Si el inspector desea acceder a estas áreas protegidas, deberá presentar una autorización judicial. Esta autorización es esencial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la empresa, evitando vulneraciones de la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

Una vez que el inspector haya accedido a las dependencias de la empresa, se puede indicar a los empleados que colaboren facilitando documentos, abriendo ordenadores o localizando archivos, siempre dentro de los márgenes de la ley.

Sin embargo, es fundamental que los empleados no respondan a preguntas sobre su labor o sobre otros aspectos de la empresa, y menos aún acepten ser interrogados directamente por el inspector. Esto es para proteger el derecho de los empleados y evitar situaciones en las que puedan ser inducidos a ofrecer información innecesaria o comprometida.

En resumen, aunque la Inspección de Hacienda tiene un poder de acceso en virtud de sus funciones, las facultades de los inspectores están delimitadas por la ley, especialmente en lo que se refiere a los espacios considerados protegidos por la Constitución.

La colaboración debe existir dentro de unos límites claros para proteger tanto la empresa como los derechos individuales de los empleados.