Domingo 28 Noviembre 2021

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Periodificación de gastos

Compute los gastos devengados y todavía no satisfechos.

Al cerrar las cuentas de 2020, conviene estar especialmente atento a los gastos que a 31 de diciembre ya se han devengado pero que todavía no se han pagado. Dichos gastos pueden periodificarse y contabilizarse en 2020 (en lugar de 2021). Por tanto, al computarlos un año antes, su empresa puede diferir el pago del Impuesto sobre Sociedades y obtener ahorros financieros. Por ejemplo:

  • Si recibió un préstamo cuyos intereses deberá satisfacer en 2021, al cerrar las cuentas de 2020 contabilice un gasto por los intereses que ya se hayan devengado en la fecha de cierre.
  • Si en su empresa las pagas extras se devengan a lo largo del año (una doceava parte cada mes), contabilice la parte devengada de cada una de las pagas extras a satisfacer en 2021.

Analice también los ingresos: puede ser que alguna partida que haya sido contabilizada como tal sea verdaderamente un anticipo. Por ejemplo, si ha cobrado todos los honorarios por unos trabajos que a 31 de diciembre sólo se han finalizado en un 60%, podrá contabilizar el 40% restante como un anticipo e imputarlo como ingreso en 2021, cuando esa parte del trabajo se realice.

Nuestro departamento fiscal está a su disposición para ayudarle en el cierre de cuentas de 2020.

Pagos en efectivo. Nuevos límites

Se han reducido los límites de los pagos en efectivo.

Para los pagos realizados a partir del 11 de julio de 2021 (aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad), los límites de pagos en efectivo se han reducido:

  • Ahora el límite general pasa a ser de tan solo 1.000 euros.
  • En caso de operaciones en las que el pagador sea un particular residente fuera de España, el límite pasa a ser de 10.000 euros.

La multa por incumplir esta prohibición sigue siendo del 25% del importe pagado en efectivo, y Hacienda puede exigirla tanto a quien paga como a quien cobra (aunque no puede exigirla simultáneamente a ambos).

Vea algunas cuestiones habituales que se plantean sobre los pagos en efectivo, y cómo actuar en cada caso:

  • El límite de los 1.000 euros se refiere a la operación realizada, con independencia de que el importe satisfecho en efectivo sea inferior. Así, en una venta de 1.500 euros en la que se reciben 900 euros en metálico y 600 mediante tarjeta, se está incumpliendo la prohibición.
  • Si, por ejemplo, una factura de 1.600 euros documenta dos entregas independientes de 800 euros cada una, dicha factura puede ser satisfecha en efectivo.
  • Por contra, si una operación única se desglosa en dos facturas diferentes, la limitación debe aplicarse sobre el importe total a satisfacer.
  • En operaciones de tracto sucesivo (alquileres, contratos de suministro, cuotas de asesoría, etc.) debe atenderse al momento en el que son exigibles los pagos según el contrato, así como a su importe. Si el pago exigible en cada cuota (por ejemplo, la mensualidad del alquiler) es menor a 1.000 euros, puede pagarse en efectivo.

Base de datos de subvenciones

Utilícela para conocer posibles ayudas para su empresa.

Muchas empresas desconocen la existencia de subvenciones y ayudas para realizar determinadas inversiones o desarrollar determinadas actividades.

Pues bien, existe una Base de Datos Nacional de Subvenciones en la que aparecen todas las convocatorias de subvenciones que conceden las administraciones (estatales, autonómicas y municipales):

  • En dicha base accederá a un buscador que le permitirá localizar las subvenciones según el organismo concedente, el tipo de beneficiario que la puede solicitar (empresa, persona física...) o la actividad subvencionada.
  • También puede darse de alta en un servicio de alertas, para que le avisen de nuevas subvenciones que puedan ser de su interés.
  • Asimismo, podrá consultar a quién le ha sido concedida una subvención, introduciendo el DNI o denominación social del beneficiario.

Puede acceder a dicha base de datos en la dirección web https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.

Recuerde que nuestro despacho puede ayudarle en las gestiones necesarias para solicitar la subvención correspondiente, así como a la hora de justificar el destino de los fondos recibidos.

Solicitud de traslado voluntario

No es obligatorio concederla, excepto en algunos supuestos.

Las empresas no tienen obligación de aceptar una petición de traslado voluntario (salvo lo que establezca el convenio y algunos casos previstos en la ley –trabajadores víctimas de violencia de género, por ejemplo–). Por tanto:

  • Si la empresa lo acepta, se estará a lo que se pacte entre empresa y trabajador (no es necesario acreditar las causas del traslado, ni que haya un preaviso, ni existe el derecho del trabajador a que le sean sufragados los gastos de traslado).
  • En el caso de denegación, no se genera el derecho del trabajador a rescindir su contrato con la indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.

En todo caso, existe alguna sentencia que considera que el cambio de centro también es una medida adecuada para conciliar la vida laboral y familiar. Por tanto, en caso de trabajadores con hijos menores de 12 años que soliciten un cambio de centro, la denegación deberá estar suficientemente fundamentada (por ejemplo, porque no existen vacantes en el centro solicitado).

Sea flexible si algún trabajador o trabajadora le solicita un cambio de centro para mejorar la conciliación entre su vida laboral y su vida familiar.

Nuestro departamento laboral le asesora sobre los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales con sus empleados.

Menores de edad

No pueden ser responsables por actos de sus progenitores.

Hay contribuyentes que “traspasan” patrimonio a sus hijos para evitar que Hacienda los embargue (con una donación o una compraventa simulada, por ejemplo), o que utilizan cuentas de sus hijos para canalizar sus operaciones y evitar el embargo de los saldos.

En estos casos, es habitual que Hacienda califique a los hijos como “colaboradores necesarios” del fraude y los declare responsables solidarios de la deuda. Pero el Tribunal Supremo considera que si los hijos son menores de edad, esta práctica no es correcta:

  • No cabe trasladar o extender la responsabilidad fiscal a un menor cuando el negocio jurídico en virtud del cual se pretende la ocultación o transmisión lo ha realizado su representante legal (aunque dicho representante haya actuado por cuenta del menor y sea éste el beneficiado).
  • No puede atribuirse esa responsabilidad a quien, por ser menor, es legalmente inimputable y carece legalmente de capacidad de obrar.

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de Hacienda, de forma que ésta no puede declarar responsables a los menores de edad por los actos realizados por sus progenitores.

Nuestros profesionales pueden asesorarle en cualquier tipo de conflicto que pueda tener con la Administración de Hacienda.

Notificaciones en papel

¿Cómo actuar si se la remiten durante las vacaciones?

Las personas físicas pueden recibir notificaciones de Hacienda en papel. Y si dichas notificaciones son recogidas por el portero de la finca, por un empleado del hogar o por un familiar, se consideran válidas si se cumplen los siguientes requisitos:

  • En el documento que acredite la notificación debe constar la identidad de la persona que la ha recogido.
  • Asimismo, es preciso que el destinatario tenga constancia de la notificación. Aunque este requisito se presume cumplido por el hecho de que un familiar o el portero la haya recogido, dicha presunción admite prueba en contra.

Si el portero o el familiar rehúsan recoger la notificación, ésta no se entiende realizada, y Hacienda deberá hacer un segundo intento de notificación. Esto no sucede si quien rehúsa la notificación es el propio interesado, en cuyo caso ésta se entiende realizada a todos los efectos.

Si recibe alguna notificación de Hacienda, nuestros profesionales del área fiscal le informarán sobre la mejor forma de actuar.

Junta bloqueada

¿Qué debe hacer el administrador si los socios no aprueban las cuentas anuales?

Puede suceder que los socios de una SA o SL estén enemistados entre ellos y que las cuentas anuales de 2020 no se aprueben. En ese caso, ¿cómo debe actuar el administrador para evitar las sanciones y responsabilidades derivadas de la falta de depósito en el Registro Mercantil?

Pues bien, aun cuando se prevea que las cuentas no se van a aprobar, el administrador debe convocar la junta de socios, de forma que ésta se celebre cuando corresponda. Si las cuentas no se aprueban, ello debe reflejarse en el acta de la junta (recogiendo la firma de todos los asistentes) y, a partir de ahí, el administrador debe actuar de la siguiente forma:

  • Debe emitir un certificado expresando la falta de aprobación y los motivos, con firma legitimada por un notario.
  • Y debe presentar dicho certificado ante el Registro Mercantil antes de que transcurra un año del cierre del ejercicio social.

De esta forma conseguirá que no se impongan multas y que no se produzca el “cierre registral” derivado de la falta depósito.

Si la situación de bloqueo se mantiene en el tiempo, el administrador deberá presentar al Registro Mercantil, cada seis meses, un acta notarial (o un escrito con su firma legitimada por notario) donde conste que siguen sin poder aprobarse las cuentas anuales por los mismos motivos, lo que impide presentarlas a depósito.

Nuestros profesionales le tramitarán el depósito de las cuentas anuales y le asesorarán ante cualquier incidencia que pueda producirse en la junta que debe aprobarlas.

Cambios en materia de garantías

La garantía a consumidores se ampliará a tres años.

A partir del 1 de enero de 2022 la garantía por venta de bienes nuevos a consumidores se amplía de dos a tres años. Para productos de segunda mano se mantiene la garantía mínima de un año.

Esta garantía cubre la “falta de conformidad” del producto (defectos de fábrica, si no reúne la calidad indicada al cliente...), pero no los defectos causados por mal uso. El cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución, al igual que sucede ahora. No obstante:

  • El vendedor podrá oponerse a la opción elegida si es imposible o tiene costes desproporcionados según las circunstancias (por ejemplo, si el consumidor exige la sustitución cuando una pequeña reparación ya puede solucionar el problema).
  • La nueva normativa amplía los casos en que el cliente podrá exigir directamente la resolución del contrato (es decir, que se le devuelva el dinero de la compra). Podrá hacerlo, por ejemplo, si el defecto es especialmente grave o si aparece cualquier defecto después de que se le haya hecho una primera reparación.

El consumidor podrá reclamar contra el vendedor. Pero éste, a su vez, podrá reclamar contra el fabricante en el plazo de un año (este derecho también existe actualmente).

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