Jueves 31 Julio 2025

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Planes de Igualdad: Obligaciones, Inspecciones y Recomendaciones Clave para las Empresas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral es una obligación legal que todas las empresas deben respetar, con independencia de su tamaño. No obstante, aquellas organizaciones que cuenten con 50 o más trabajadores tienen además la obligación específica de elaborar, negociar e implantar un Plan de Igualdad.

 

¿Qué implica esta obligación?

Más allá de la elaboración del plan, todas las empresas deben cumplir con una serie de medidas fundamentales:

  • Evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo dentro del entorno laboral.
  • Negociar las medidas de igualdad con los representantes legales de los trabajadores.
  • Contar con un registro retributivo, que detalle las retribuciones por sexo, categoría profesional y grupo de cotización.

 

El papel de la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo desempeña un papel activo en la vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones. Actualmente, se desarrollan campañas específicas de control, apoyadas por herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar empresas de 50 o más empleados para su revisión.

Durante estas inspecciones se analiza:

  • Si la empresa dispone de un plan de igualdad vigente, debidamente negociado y registrado.
  • Si se ha comunicado el plan a la plantilla.
  • La existencia de un comité de igualdad y la implementación de medidas de seguimiento.
  • La inclusión de una auditoría retributiva, esencial para evaluar la equidad salarial entre mujeres y hombres.

Posibles sanciones

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en requerimientos por parte de la Inspección y, en casos graves, en sanciones económicas de hasta 7.500 euros.

Si se detecta una discriminación retributiva de especial gravedad, las multas pueden ascender hasta los 225.018 euros.

 

Obligación del Registro Retributivo

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están obligadas a elaborar un registro retributivo. Este debe incluir:

  • Valor medio del salario base.
  • Detalle de complementos y percepciones extrasalariales.
  • Diferencias retributivas desglosadas por sexo y grupo profesional.

Si la empresa tiene 50 o más empleados y la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 25%, deberá justificar objetivamente esta diferencia (por ejemplo, basándose en la antigüedad media de los trabajadores).

 

Protocolos adicionales requeridos

En el marco de las inspecciones en materia de igualdad, también puede requerirse la presentación de:

  • Protocolo contra el acoso laboral.
  • Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
  • Protocolo de medidas antidiscriminación hacia personas LGTBI (obligatorio para empresas con más de 50 empleados).

 

¿Qué ocurre si no se alcanza un acuerdo con los representantes?

En caso de que la empresa inicie negociaciones y no se logre un acuerdo o los representantes no deseen participar, la empresa podrá implementar las medidas de forma unilateral, documentando adecuadamente el proceso.

¿Tienes dudas sobre cómo cumplir con estas obligaciones?

Nuestros profesionales están a tu disposición para asesorarte en la elaboración, negociación e implementación de planes de igualdad, auditorías retributivas y protocolos obligatorios.

Las microempresas tributan al 23% en el Impuesto sobre Sociedades

Con efectos desde el ejercicio 2023, las microempresas pueden beneficiarse de un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, aquellas sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros podrán tributar al 23%, frente al tipo general del 25%.

Requisitos para aplicar el tipo reducido

Este nuevo tipo del 23% se aplica únicamente a aquellas entidades que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

  • Que el importe neto de la cifra de negocios del período impositivo anterior no supere el millón de euros.
  • Que la entidad no tenga la consideración de patrimonial, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
  • En caso de formar parte de un grupo de empresas, el umbral del millón de euros se aplicará sobre el conjunto del grupo, descontando las operaciones realizadas entre las sociedades que lo integran.

Determinación de la cifra de negocios

Para el correcto cómputo de la cifra de negocios, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Se incluyen:

  • Las ventas de bienes o servicios correspondientes a la actividad habitual de la empresa, sin incluir el IVA.
  • Las subvenciones que estén vinculadas directamente al precio de los bienes o servicios prestados.

Se excluyen:

  • Las devoluciones de ventas, los descuentos comerciales (rappels) y cualquier otro ajuste que disminuya la base imponible.
  • Las ventas de inmovilizados (activos utilizados en la actividad empresarial).
  • Las subvenciones destinadas a la financiación de inversiones.
  • Los ingresos financieros, salvo que la actividad principal de la empresa sea la prestación de servicios financieros.

Presentación del Impuesto sobre Sociedades 2024

En el caso de que el ejercicio fiscal de su empresa coincida con el año natural, deberá presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2024 dentro de los siguientes plazos:

  • Entre el 1 y el 25 de julio de 2025.
  • En caso de domiciliación del pago, el plazo finaliza el 22 de julio de 2025.

Se recomienda revisar con antelación la cifra de negocios del ejercicio anterior, a fin de determinar si es posible aplicar el tipo reducido del 23%.

Consideraciones estratégicas

En aquellos casos en que la cifra de negocios prevista para el ejercicio pudiera superar ligeramente el millón de euros, puede ser oportuno valorar la posibilidad de posponer determinadas operaciones comerciales (entregas de bienes o prestación de servicios), con el fin de no exceder dicho umbral y mantener la posibilidad de aplicar el tipo reducido. No obstante, esta estrategia debe analizarse cuidadosamente, considerando el posible impacto en la tesorería de la empresa y el coste financiero asociado al aplazamiento de ingresos.

Aplazamientos, fraccionamientos y garantías

En caso de que la empresa no pueda hacer frente al pago del impuesto en el momento de su vencimiento, la normativa prevé la posibilidad de solicitar aplazamientos y fraccionamientos. Es importante consultar con un profesional para determinar en qué casos pueden exigirse garantías, y cómo constituirlas de forma que se optimicen tanto su eficacia jurídica como su coste económico.

Responsabilidad de administradores: la independencia frente a órdenes societarias

Los administradores sociales deben actuar siempre con diligencia y lealtad, evaluando las decisiones empresariales con autonomía y criterio propio, aun cuando sean solicitadas por los socios.

 

  1. Deberes fundamentales
  • Diligencia y lealtad: Están obligados a desempeñar su cargo “con la diligencia de un ordenado empresario y la lealtad de un representante fiel”, conforme a los arts. 225 y 226 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)
  • Deben evitar conflictos de interés, absteniéndose en votaciones donde su interés esté en juego, y no actuar bajo directrices que comprometan la independencia de su juicio.

 

  1. Responsabilidad frente a actos lesivos
  • Si ejecutan un acto contrario al interés social, pueden ser demandados por la sociedad, socios o terceros, incluso si fue aprobado por la junta.
  • La jurisprudencia lo deja claro: la aprobación societaria no exime al administrador si ha actuado sin la diligencia exigible
  • Además, su responsabilidad puede ser solidaria, alcanzando deudas generadas tras una causa de disolución, según art. 367 LSC y doctrina del TS.

 

  1. Órdenes de los socios y la potestad de dimitir
  • El administrador no está obligado a obedecer órdenes de los socios, especialmente si no se ajustan al interés social. Debe informar de sus reservas y, de persistir, tiene derecho a dimisión.
  • Su papel es el de un evaluador independiente: goza de discrecionalidad empresarial en decisiones estratégicas, siempre que actúe de buena fe, con información y sin interés personal.

 

  1. Consecuencias prácticas
  • Si obedece sin el debido análisis y se causa perjuicio, el administrador puede ser sancionado o demandado por los daños ocasionados.
  • En cambio, los socios que hubieran aprobado la decisión no pueden posteriormente reclamar, pues responden frente a sus propios actos.
  • En caso de discrepancia importante, el administrador tiene la opción de dimisión, quedando registrada y surtiendo efectos incluso sin inscripción inmediata.

 

Conclusión

Los administradores deben preservar su independencia y ejercer un juicio autónomo, informado y responsable, incluso frente a decisiones exigidas por los socios. En caso de conflicto con el interés social, su obligación legal es manifestar su disconformidad y, si es necesario, renunciar al cargo. De lo contrario, podrían incurrir en responsabilidad personal por daños causados, incluso aunque la actuación haya sido aprobada en junta.

 

Nuestros asesores son expertos en resolución de conflictos entre socios o entre éstos y el órgano de administración.

Revisión de datos fiscales: puntos clave antes de presentar el IRPF de sus clientes

Como asesor fiscal, una de las tareas más críticas en la campaña de renta es revisar minuciosamente los datos fiscales que la Agencia Tributaria ha puesto a disposición del contribuyente a través de Renta WEB. Aunque estos datos son una base útil, no siempre reflejan la totalidad de la situación del cliente ni aplican correctamente todas las deducciones y mínimos personales o familiares disponibles.

A continuación, repasamos los puntos más relevantes que conviene verificar antes de confeccionar la declaración de IRPF.

 

  1. Datos personales y familiares

Mínimos por descendientes y ascendientes

Verifique que los mínimos por descendientes se estén aplicando correctamente. En especial:

  • Que todos los hijos del contribuyente figuren en la declaración.
  • Que se haya tenido en cuenta la convivencia con ascendientes mayores de 65 años con rentas inferiores a 8.000 euros anuales.

Nacimientos, adopciones y acogimientos

Recuerde que en el año del nacimiento (o de la inscripción en el Registro Civil en caso de adopción/acogida) y en los dos siguientes, corresponde un mínimo adicional de 2.800 euros por cada menor.

Pensiones compensatorias y anualidades por alimentos

En casos de separación o divorcio, asegúrese de incluir correctamente las pensiones compensatorias al excónyuge y las anualidades por alimentos a favor de los hijos. En este último caso, también deben computarse los gastos esenciales (alojamiento, educación, vestimenta, asistencia médica) si están recogidos en el convenio regulador.

 

  1. Rendimientos del trabajo y gastos deducibles

Deducciones comunes

  • Cotizaciones a la Seguridad Social y el gasto general de 2.000 euros son automáticos.
  • Cuotas sindicales: 100% deducibles, sin límite.
  • Cuotas colegiales: deducibles hasta 500 euros, siempre que la colegiación sea obligatoria por la actividad ejercida.
  • Gastos de defensa jurídica: deducibles hasta un máximo de 300 euros por litigios laborales con la empresa pagadora.

Deducciones específicas

  • Discapacidad: gasto adicional de 3.500 euros (o 7.750 euros si el grado de discapacidad ≥ 65%, o si requiere asistencia de terceros o tiene movilidad reducida).
  • Movilidad geográfica: si el contribuyente estaba inscrito como demandante de empleo y acepta un trabajo que le obliga a cambiar de domicilio, puede aplicar un gasto adicional de 2.000 euros en el año del traslado y el siguiente.

 

  1. Imputación de rentas inmobiliarias

Este es uno de los puntos con mayor margen de error en los datos fiscales:

  • Titularidades compartidas: Hacienda puede imputar el 100% de la renta a un solo titular, omitiendo al resto. También puede imputar rentas a un cónyuge que no figura como propietario.
  • Porcentaje de titularidad: Asegúrese de que los porcentajes reflejados se ajustan a la realidad registral. Es frecuente que Hacienda reparta al 50% por defecto cuando los titulares tienen porcentajes desiguales.

 

Conclusión

Una revisión exhaustiva de los datos fiscales no sólo evita errores, sino que permite optimizar la tributación de sus clientes. Como profesionales, debemos ir más allá del mero volcado de datos y aplicar todos los beneficios fiscales disponibles, ajustados a la situación real del contribuyente.

Consejo profesional: Documente cada ajuste o corrección realizada sobre los datos fiscales y conserve los justificantes correspondientes. Esta práctica facilitará la defensa ante una eventual comprobación.

Sistemas de facturación: Nuevas obligaciones

A partir del 1 de julio, todos los software de facturación deberán cumplir con la Ley Antifraude

El próximo 1 de julio de 2025 entra en vigor el reglamento técnico de desarrollo de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, marcando un hito en la regulación de los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF). Si bien la obligación de uso por parte de autónomos y empresas se difiere a 2026, la normativa comenzará a aplicarse a fabricantes y comercializadores desde este mismo martes.

Este cambio implica que todos los programas de facturación que se comercialicen a partir del 1 de julio deberán estar certificados conforme al nuevo marco normativo. El objetivo: garantizar la integridad, trazabilidad, inalterabilidad y transparencia de los registros de facturación, alineándose con los principios establecidos por la AEAT.

Alcance de la entrada en vigor: ¿a quién afecta el 1 de julio?

Desde el 1 de julio de 2025:

  • Afecta a productores y comercializadores de software de facturación.
  • Todos los programas deberán estar certificados y documentados conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la Orden HAC/1177/2024.
  • Deberán incorporar de forma obligatoria la opción Verifactu, aunque su uso siga siendo voluntario para el usuario final.

Aún no afecta directamente a autónomos y empresas, pero es el primer paso en una implantación escalonada que culminará en 2026 con nuevas responsabilidades para los usuarios:

  • 1 de enero de 2026: entrada en vigor para sociedades mercantiles (contribuyentes del IS).
  • 1 de julio de 2026: para personas físicas (autónomos que tributen por IRPF) y otros contribuyentes.

Certificación del software: contenido obligatorio

La certificación debe estar disponible de forma visible en el propio sistema, y también entregarse al cliente y al distribuidor en el momento de la adquisición. Esta declaración responsable debe contener al menos:

  • Identificación del sistema informático, versión, composición y funcionalidades.
  • Datos identificativos y de localización del productor del software.
  • Fecha y lugar de firma de la certificación.
  • Compromiso expreso de cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la normativa antifraude.

Todo ello en cumplimiento del art. 15 de la Orden HAC/1177/2024.

Verifactu: funcionalidad obligatoria, uso voluntario (por ahora)

Los nuevos sistemas deberán ofrecer de forma obligatoria la opción Verifactu, un mecanismo que permite remitir los registros de facturación a la AEAT de forma automática, íntegra y en tiempo real.

Características clave:

  • Formato de envío: XML estructurado conforme a los esquemas oficiales.
  • Comunicación con la AEAT mediante su sede electrónica.
  • Control de intervalos entre envíos mediante un mecanismo automático inicial de 60 segundos.

Verifactu no es obligatorio por ahora para el contribuyente, pero todo sistema que se comercialice a partir del 1 de julio deberá estar técnicamente preparado para su activación inmediata.

Régimen sancionador: responsabilidad escalonada

La normativa establece sanciones graves tanto para fabricantes como para usuarios, según el calendario de aplicación:

Fabricantes y comercializadores (a partir del 1 de julio de 2025):

  • 150.000 € por cada ejercicio y tipo de sistema informático no conforme.
  • 1.000 € por cada unidad comercializada sin certificación.

Usuarios (empresas y autónomos) (a partir de 2026):

  • 50.000 € por disponer de sistemas informáticos no adaptados, modificados o sin certificación válida.

Implicaciones prácticas para profesionales y asesores

Este nuevo marco regulatorio plantea varias cuestiones clave para asesores fiscales, responsables legales, auditores y responsables de sistemas informáticos:

  1. Verificación proactiva del software utilizado por sus clientes.
  2. Actualización contractual y documental en procesos de adquisición/licenciamiento de programas de facturación.
  3. Formación y asesoramiento a los clientes en relación con Verifactu, su activación voluntaria y sus implicaciones tributarias.
  4. Anticipación a los plazos de 2026, ya que el entorno legal será cada vez más exigente y automatizado.

Conclusión

Aunque los autónomos y las pymes no estarán obligados a utilizar software certificado hasta 2026, el 1 de julio marca el inicio de la transición definitiva hacia sistemas de facturación trazables, certificados y auditables en tiempo real. Los despachos profesionales y consultores deben tomar posiciones desde ahora, asegurando que los sistemas de sus clientes estén alineados con los requisitos técnicos y legales, minimizando riesgos futuros y facilitando su cumplimiento fiscal.

Abuso del Crédito Horario: Derechos, Obligaciones y Límites

El crédito horario es un derecho laboral reconocido a los representantes de los trabajadores para que puedan ejercer sus funciones sindicales o de representación sin sufrir merma en su salario. No obstante, su uso indebido puede tener consecuencias disciplinarias, incluso el despido.

 

¿Qué es el crédito horario?

Se trata de un permiso retribuido que permite a los delegados sindicales y representantes de los trabajadores ausentarse del puesto de trabajo para cumplir con sus funciones representativas.

El número de horas disponibles al mes depende del tamaño de la plantilla de la empresa.

 

Características clave

Periodicidad mensual: El crédito se asigna mensualmente. Las horas no utilizadas no se acumulan para meses siguientes.

Once meses activos: Las vacaciones no se computan, por lo que el crédito horario se aplica durante once meses al año.

Igualdad de condiciones: Todos los representantes tienen derecho al mismo número de horas, independientemente de si su contrato es a tiempo parcial o completo.

Acumulación posible: Se pueden acumular las horas de varios representantes en una sola persona, conocida como "liberado sindical", quien se dedicará exclusivamente a funciones sindicales.

 

Obligaciones del representante

Para hacer uso del crédito horario de manera válida, deben cumplirse dos requisitos:

  1. Aviso previo: El representante debe notificar anticipadamente a la empresa su intención de ausentarse por este motivo, para que la organización pueda planificarse.
  2. Justificación posterior: Debe acreditar formalmente la razón de la ausencia (por ejemplo, mediante un justificante de participación en reuniones o actividades sindicales). Sin embargo, no se le puede exigir un detalle exhaustivo de sus funciones, ya que esto atentaría contra su libertad sindical.

 

¿Qué ocurre si no se justifica el uso?

Cuando no se notifica ni se justifica debidamente el uso del crédito horario, la empresa puede:

  • Descontar las horas no trabajadas del salario.
  • Sancionar disciplinariamente al trabajador.
  • En casos reiterados o de especial gravedad, proceder incluso al despido.

 

¿Y si se abusa del crédito horario?

El uso del crédito horario para fines personales o ajenos a las funciones representativas constituye un abuso de derecho. Este comportamiento puede ser sancionado e incluso desembocar en un despido por transgresión de la buena fe contractual, sin derecho a indemnización.

Incluso puede justificarse la utilización de servicios de un detective privado para demostrar el fraude, siempre que existan indicios fundados de un uso indebido. Sin embargo, en ausencia de sospechas razonables, se presume el uso legítimo del crédito por parte del representante, y la empresa no puede iniciar controles sistemáticos o invasivos.

 

Conclusión

El crédito horario es una herramienta esencial para garantizar la representación efectiva de los trabajadores, pero debe utilizarse con responsabilidad. Las empresas, por su parte, tienen derecho a organizarse y proteger su productividad, exigiendo un uso transparente y justificado de este derecho.

 

Equilibrio, respeto mutuo y cumplimiento normativo son la clave para una convivencia laboral sana y efectiva.

Aplazamiento del IRPF. Puede aplazar el pago sin coste adicional

Si el resultado de su declaración del IRPF resulta a ingresar, recuerde que puede acogerse al fraccionamiento que ofrece Hacienda en la propia declaración:

 

Opción 1: Fraccionar el 40%

Podrá satisfacer un 60% de la cuota a pagar hasta el próximo 30 de junio, y fraccionar el 40% restante hasta el día 5 de noviembre de 2025, sin coste por intereses ni recargos, y tampoco deberá aportar garantías (sea cual sea el importe aplazado).

¡Atención! Eso sí, en ese caso:

Presentar la autoliquidación sin ingresar en plazo la primera fracción (60%) determinaría el inicio del período ejecutivo para el importe total. Por tanto, el 40% restante ya no se podría beneficiar del aplazamiento y entraría también en período ejecutivo.

Este aplazamiento sólo puede utilizarse si la autoliquidación de IRPF se presenta antes del 30 de junio de 2025.

 

Opción 2: Aplazamiento general 

No obstante, si precisa un mayor plazo de pago, también puede aplazar la cuota del IRPF (o una parte de ella), tal como sucede con el resto de los impuestos. En ese caso, tras los últimos cambios en materia de aplazamientos:

  • El aplazamiento ya no será gratuito, sino que deberá satisfacer un interés de demora del 4,0625%, no debiendo aportar garantías si el importe a aplazar es igual o inferior a 50.000 euros (por sí solo o junto con otras deudas tributarias que estén aplazadas).

           Apunte. En este caso podrá fraccionar la deuda en un máximo de 24 meses.

  • Si la suma aplazada supera los 50.000 euros (por sí sola o junto con otros tributos ya aplazados), sí deberá aportar garantías.

           Apunte. No obstante, si aporta como garantía un aval bancario, el interés exigible será de sólo el 3,75% (el interés legal), y podrá solicitar un aplazamiento de hasta            60 mensualidades.

Solicitud. Para solicitar esta segunda modalidad, al presentar la declaración del IRPF, seleccione la opción “Otras modalidades de pago” y “Reconocimiento de deuda con aplazamiento”.

¡Atención! Esta alternativa es incompatible con el fraccionamiento del 60% y el 40% (no puede aplazarse parte de la deuda con un método y parte con el otro).

 

Si desea aplazar el pago de su IRPF no dude en consultarnos para que le indiquemos las diferentes formas de solicitarlo y los posibles costes.

Plus de Turnicidad y reducción de jornada por Guarda Legal: Aspectos clave

La gestión de la reducción de jornada por guarda legal plantea cuestiones relevantes en cuanto a la correcta aplicación y percepción de complementos salariales, especialmente el plus de turnicidad, en trabajadores con régimen de turnos rotativos.

 

Fundamentación jurídica y criterio jurisprudencial

De acuerdo con la interpretación mayoritaria de los tribunales, el plus de turnicidad debe mantenerse íntegro cuando un trabajador a tiempo completo, que percibe este complemento por realizar trabajo en turnos, reduce su jornada por guarda legal.

Este complemento está vinculado a la forma de prestación del servicio —el régimen de turnos— y no a la duración de la jornada. Por lo tanto, la reducción proporcional del salario que conlleva la guarda legal no debe afectar a este plus.

 

Perspectiva de género y riesgos de sanción

La reducción de jornada por guarda legal afecta principalmente a mujeres, por lo que una reducción del plus de turnicidad en estos casos podría constituir una discriminación indirecta por razón de género, sancionable con multas desde 7.500 euros conforme a la Inspección de Trabajo.

 

Alcance de la reducción de jornada por guarda legal

La normativa permite solicitar reducción de jornada para el cuidado directo de:

  • Menores de 12 años.
  • Personas con discapacidad a cargo.
  • Familiares en situación de dependencia.

Esta reducción implica una disminución proporcional del salario base y complementos ligados a las horas efectivamente trabajadas, pero no debe afectar a complementos no vinculados a la duración de la jornada, tales como:

  • Plus de turnicidad.
  • Plus de transporte.
  • Plus de asistencia.
  • Comisiones por rendimiento o ventas.

 

Definición y regulación del plus de turnicidad

El artículo 36.3 del Estatuto de los Trabajadores define el trabajo a turnos como la prestación sucesiva de servicios en el mismo puesto en distintos horarios en un período determinado, con limitación legal para la permanencia en turnos nocturnos consecutivos.

La cuantía y condiciones específicas del plus de turnicidad se establecen generalmente en convenios colectivos sectoriales o de empresa, incluyendo la rotación y descansos.

 

Naturaleza salarial del plus de turnicidad

El plus de turnicidad es un complemento salarial, ya que está directamente vinculado a las condiciones de desempeño laboral (trabajo en horario rotativo). Se diferencia así de complementos extrasalariales (dietas, transporte) que compensan gastos y no dependen del desarrollo de funciones.

 

Determinación y cálculo del plus

La cuantía del plus varía según sector, convenio, legislación aplicable y características del turno (nocturnidad, festivos, etc.). Habitualmente se calcula como un porcentaje sobre el salario base, incrementándose con la mayor exposición a turnicidad.

 

Descansos y solicitudes de modificación de turno

  • Descanso entre jornadas: mínimo 12 horas (7 horas en régimen de turnos, con compensación posterior).
  • Descanso semanal: mínimo 36 horas continuas, divisible bajo acuerdo.
  • Derecho a solicitar turno fijo o cambio de turno por motivos personales, familiares o de salud, con solicitud formal y justificación.

 

Conclusión para profesionales

La correcta aplicación del plus de turnicidad en situaciones de reducción de jornada por guarda legal es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo, evitar discriminación y minimizar riesgos sancionadores.

Los profesionales de recursos humanos, asesoría laboral y representación sindical deben estar informados y asegurar que este complemento se mantenga íntegro cuando el trabajador continúa realizando turnos, aunque con jornada reducida.

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